Cáritas Catalunya presenta la memoria de 2017 de las Cáritas diocesanas catalanas
Se presenta la Memoria 2017 de las Cáritas Diocesanas con sede en Catalunya con un dato sorprendente. Se han atendido un 11% menos de personas respeto el año anterior. En total 321.287. La realidad es más cruda de lo que parece. Se han atendido menos personas, pero las que se atienen requieren de más apoyo. La precariedad se ha instalado como forma de vida de muchas personas.
en el acto han intervenido el Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona. Responsable de la pastoral social de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) y Obispo Delegado de la CET a Cáritas Catalunya; Francesc Roig, presidente de Cáritas Catalunya; Anna Roig, representante de la Comisión de Comunicación de Cáritas Catalunya; y Raquel Carrión, representante de la Comisión de Acción Social de Cáritas Catalunya.
Se ha presentado la tarea desarrollada por las Cáritas diocesanas con sede en Catalunya. Una tarea que ha sido posible gracias a la acción en red de las 526 Cáritas parroquiales, inter-parroquiales y arciprestales. Y también a las 10 diocesanas con el apoyo de 13.583 personas voluntarias (un 6% más que en 2016). Todas acompañadas por 524 profesionales contratados. “Queremos ser una voz fuerte y valiente que reclame la resolución de las situaciones precarias actuales” ha expresado Francesc Roig.
Además del 11% menos de personas atendidas encontramos otros datos interesantes. El gasto efectuado en 2017 por las Cáritas diocesanas ha estado de 43,1 millones de euros. De los cuales el 79,9%, 34,4 millones de euros, se han destinado a la Acción Social. Las diferentes problemáticas sociales que tenemos que abordar (exclusión residencial, precariedad laboral, la soledad de muchas personas mayores, etc.) – ha indicado Roig – reflejan la debilidad de nuestro modelo social. Hacen falta cambios estructurales de fondo.
La mayoría de los hogares atendidos son los formados por familias con menores (61,1%), cosa que indica su vulnerabilidad. Cabe destacar el incremento de los parientes que viven juntos, hasta el 9,5%. Las personas que viven solas representan el 22,4%.
En cuanto a la tenencia de la vivienda, el 33,7% de familias y personas solas no tienen una vivienda digna. Con estos datos se pone de manifiesto que muchas personas atendidas no pueden acceder a un alquiler asequible. Se destaca un incremento de las personas procedentes de Honduras, El Salvador, y Venezuela. A las personas que se ven obligadas a marchar de su país por motivos económicos se añaden las que huyen de situaciones de violencia.
El 19,2% de las personas en edad laboral trabajen (siempre en trabajos precarios, con una elevada temporalidad, intermitentes y de muy pocas horas), mientras que un 80,8% se encuentran en paro.
Este año, la Memoria 2017 incorpora una nueva sección, la de las entidades vinculadas. Las Cáritas diocesanas con sede en Catalunya contaron con 10 Empresas de Iniciativa Social (EIS). Además de dos fundaciones vinculadas: una que trabaja en el ámbito de la vivienda social y la otra en el de las drogodependencias. El volumen de gestión de las 10 EIS el 2017 fue de 17,8 millones de euros.
La crisis económica ha sido más profunda y más prolongada que las anteriores. También ha golpeado con más bastante las personas más vulnerables. Esto sucede porque tener un trabajo ya no garantiza unas condiciones de vida dignas, con el 12% de los trabajadores catalanes en el umbral de la pobreza. El sistema educativo no consigue reducir las diferencias familiares y las políticas de protección son insuficientes.
Cáritas Catalunya pide a las administraciones públicas la promoción de un trabajo decente que asegure un ingreso justo, seguridad al lugar de trabajo, protección social para las familias, equidad de género e igualdad de oportunidades.
También pide que se continúe trabajando para que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) llegue a todo el mundo que lo necesite. En el ámbito de la vivienda, Cáritas Catalunya manifiesta que hay que garantizar el derecho a la vivienda, con el aumento del parque público de alquiler social. En cuanto a las personas que tienen las dificultades añadidas de su situación administrativa irregular, hace falta que se desvincule el trabajo de la residencia legal; y que los ayuntamientos cumplan con su obligación de garantizar el empadronamiento.
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