Repartir el trabajo para compartir la riqueza

Pobreza. Situaciones precarias, de exclusión. Sueldos bajos y elevada temporalidad laboral. Esta es la situación de 400.000 personas con trabajo en Cataluña. Así, bajo el lema “Repartir el trabajo para compartir la riqueza”, unas 150 personas se concentraron en Santa Maria del Pi. Se trata de hacer un clamor contra estas situaciones injustas. La concentración ha querido ser una enmienda a la totalidad al discurso oficial de los gobernantes en materia laboral. La Iglesia es una de las defensoras del derecho al trabajo como garante de una vida digna. Con motivo, pues, del Día Mundial del Trabajo Decente, varias entidades de Iglesia hicieron un acto simbólico.

Precariedad laboral 

Se observa con preocupación como hay muchas personas vulnerables que todavía se encuentran inmersas en la precariedad laboral. Trabajar ya no es garantía para salir de la pobreza, puesto que el 2017 un 12,2% de las personas que trabajaban en Cataluña no llegaban a final de mes. Esta cifra se ha visto incrementada en 0,2% en relación al 2016 y un 3,6% respecto al 2008.

El reciente estudio de la Fundación Foessa “Análisis y perspectivas 2018” constata como el trabajo sólo protege la mitad de los hogares trabajadores. Este dato evidencia cómo la calidad de ciertos puestos de trabajo no son suficientes para cubrir las necesidades de un hogar.

La elevada temporalidad y parcialidad involuntaria presionan a la baja los sueldos de las personas más vulnerables, afectando sobre todo a las que llevan a cabo trabajos menos cualificados. Uno de los colectivos que pone rostro a la precariedad laboral es, por ejemplo, el de las trabajadoras domésticas.

Medidas que se reclaman

Así, teniendo en cuenta estos datos, las entidades hacen un llamamiento a construir una sociedad que cree puestos de trabajo para todo el mundo. Claman la autonomía y la disponibilidad de recursos suficientes para los proyectos de vida personales y familiares. Por lo tanto, reclaman las medidas siguientes:

• Políticas activas de ocupación, personalizadas y formativas.
• Medidas para favorecer la conciliación laboral.
• Sueldo mínimo interprofesional de 1.000 € al mes.
• Implementación total de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
• Calificación y dignificación de los puestos de trabajo, especialmente de los trabajos más sencillos, como es el caso de las trabajadoras domésticas.
• Erradicación del fraude para garantizar que las empresas paguen aquello que los corresponde.
• Solidaridad y acogida con las personas recién llegadas que garantice la plena integración social.
• Reconocimiento y apoyo a la tarea de las entidades del tercer sector social y a las iniciativas de economía social, cooperativa y solidaria.