Agua, luz y gas agravan la vulnerabilidad de las familias

Son muchas las familias acogidas y acompañadas por Cáritas Diocesana de Barcelona que piden nuestro apoyo en materia de suministros. Si durante 2016 destinamos casi 90.000€ en pagar suministros de agua, luz y gas de 229 familias, prevemos que al finalizar el 2017 la cifra será similar. Este año, 170 familias ya nos han pedido apoyo. Si en 2014 CDB destinó unos 340€ en suministro por hogar, en 2017 ha destinado 435€, un incremento del 22% en solo 3 años. La imposibilidad de hacer frente al pago de facturas es producto de la combinación de tres factores: el bajo nivel de renta, los gastos elevados de alquiler e hipotecas y los elevados precios de los suministros.

En los últimos 10 años, los precios del agua y la energía han aumentado un 60%, y más de un 50% del coste de la factura de la luz son costos no asociados al consumo. Las familias vulnerables tienen muchas dificultades para poder reducir el coste de los suministros, ya que en la mayoría de casos las viviendas no están suficientemente acondicionadas (aislamiento térmico inadecuado, mala climatización, humedades, electrodomésticos con baja eficiencia energética…).

La ley 24/2015 aprobada por el Parlament de Catalunya prohíbe los cortes de los suministros básicos a personas y familias que se encuentran en situación de exclusión residencial, pero las compañías suministradoras han incumplido el principio de precaución procediendo al corte del suministro sin consultar previamente a las entidades o servicios sociales. El principio de precaución es
un instrumento que garantiza el acceso a los suministros básicos, pero no impide que las familias y personas que se encuentran en situación especialmente vulnerable sigan generando deuda.

Pedimos a las compañías suministradoras la aplicación de lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, donde se estipula que toda persona tiene el derecho a disponer de energía, de un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable. Consideramos que el bono social aprobado por el Gobierno central es una medida insuficiente, ya que los trámites administrativos para conseguirlo son difíciles de llevar a cabo por parte de las familias vulnerables. En la mayoría de casos, son las entidades sociales las que han de acompañar a las familias para realizar las gestiones oportunas.

Debemos superar la consideración de la persona como simple cliente de una empresa suministradora para avanzar hacia la consideración de la persona como titular de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible.

Prensa Cáritas Diocesana de Barcelona