Cáritas Barcelona denuncia las «fronteras invisibles» que sufren los migrantes

Fotografías: Cáritas Barcelona

Cáritas Diocesana de Barcelona ha presentado el informe Fronteras in-visibles, que se centra en analizar y estudiar la vulnerabilidad que sufren las personas migrantes que viven en nuestro país. Personas que sufren diversas barreras legales y administrativas las que las imposibilitan llegar a una situación regular que les garantice los derechos básicos.

En la presentación han intervenido el Director del Secretariado Diocesano de Pastoral con Migrantes del Arzobispado de Barcelona, ​​Mn. Joan Cabot; la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona Miriam Feu; la responable del programa de migración de Cáritas Diocesana de Barcelona, ​​Elisabet Ureña; y Salvador Busquets, Director de Cáritas Diocesana de Barcelona.

La Covid-19 extrema la vulnerabilidad

La presentación de este informe llega en un momento marcado por la Covid-19, que ha ensanchado la brecha social entre las personas migrantes y las personas en situación regularizada y las pone en una situación de mayor precariedad que antes. Así, la entidad recalcó el dato abstraída del último informe FOESSA pre-Covid, que indicaba como la exclusividad social afectado tres veces más personas de nacionalidad extracomunitaria que las de nacionalidad española.

Ahora, la situación ha empeorado, y tal como ha remarcado la cabeza de análisis social e incidencia de Cáritas, Míriam Feu, «las consecuencias sociales y económicas de la Covid-19 han golpeado con más intensidad a las personas migradas, sobre todo aquellas que viven de la economía informal». De hecho, «los ingresos de las familias atendidas por Cáritas la economía informal han caído un 73%, y un 32% de las familias migradas de nacionalidad extracomunitaria no perciben ningún ingreso», indicó.

Red de obstáculos para regularizarse

La responsable de análisis social e incidencia de Cáritas ha explicado como cuando llegan de fuera los migrantes deben superar «una red de obstáculos larga y desgastando, a la que a menudo deben hacer frente solas. Sin el acompañamiento de ninguna entidad y, a veces, con menores, que crecerán sin las mismas oportunidades que los demás niños ». Miriam haga mencionó estos impedimentos. Encontrar un trabajo, vivienda, homologar los estudios. También, ser atendido por los servicios sociales, empadronarse o abrir una cuenta bancaria, regularizar la situación administrativa y la de los hijos, entre otros.

Exclusión en diversos espacios

El informe se ha hecho a partir de un análisis cualitativo, a partir de seis grupos de discusión, donde han participado 55 personas acompañadas por Cáritas Barcelona. «Personas cercanas a nosotros como vecinos de escalera o personas que trabajan por gente de nuestra familia y que sufren estas fronteras», explicaba Míriam Feu. En cuanto a cifras totales, dijo que sólo hay estimaciones, según las cuales desde España sitúan entre unas 400.000- 500.000 personas y en Cataluña alrededor 100.000.

Míriam Feu ha asegurado que, según las cifras, un 23,1% de las personas migradas sufren pobreza severa ante un 6,5% de las autóctonas. Explicó que esta vulnerabilidad se traduce en una exclusión generalizada en diferentes espacios. Entre estas, la exclusión residencial sufrida por 7 de cada 10 personas, las cuales viven dificultades para acceder a un alquiler, vivir con hacinamiento o, incluso, de dormir en la calle. Exclusión laboral en que 2 de cada 5 personas se encuentra con varios impedimentos administrativos y legales para regularizar su contrato. Exclusión civico- política que implica un 66%, ya no sólo de personas que no pueden votar por el padrón sino también de muchos que «no participan porque ven que su situación está muy alejada de esta realidad». La salud y la educación también se ven afectadas por esta situación de exclusión.

Carencias de la administración

La cabeza de migración de Cáritas Barcelona, ​​Elisabet Ureña, explicó las carencias jurídicas actuales para acoger a las personas migradas. En esta línea ha denunciado los controles de flujos migratorios alrededor del visado y el contrato de trabajo, además de una falta de adecuación de la norma a la movilidad migratoria actual que obliga a las personas a entrar de manera irregular.

Ureña ha apuntado algunas de las fronteras invisibles que se encuentran las personas migrantes, y una vez han pasado a una situación más regulada, «siempre están sufriendo el miedo a caer en la regularidad sobrevenida, y volver así a la casilla de salida». Ha hecho especial mención con los menores. «Mientras los niños son menores de edad, tienen los mismos derechos que los niños españoles. A los 18 años, si están irregulares, tienen que dejar los estudios », advirtió.

Por otra parte, ha querido poner el foco en la situación de los menores no acompañados. Así, ha indicado que no siempre son regularizados por las entidades tutelares, y que sin embargo sólo tienen acceso al permiso de residencia. Esto los sitúa en un alto riesgo de sufrir una irregularidad sobrevenida si no obtienen un contrato. Finalmente, Ureña ha destacado la dificultad para acceder al derecho de asilo en España indicando que a 31 de octubre de 2020, sólo un 4.57% de los solicitantes han restado reconocidas con el estatus de refugiado y con derecho a la protección subsidiaria.

Propuestas para la administración

«Esta carrera de obstáculos afecta a los migrantes a muchos niveles y se convierten en fronteras invisibles que los llevan a vivir en los márgenes de la sociedad y no les permite prestaciones». Así ha denunciado el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ​​Salvador Busquets la situación que sufren estas personas. Como reclamo ha propuesto varias propuestas a las administraciones públicas como políticas de choque.

Entre estas la mejora en el sistema de citas a Comisaría para la emisión de la TIE, la flexibilización en la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo, para facilitar el acceso al mercado laboral con plenas garantías, facilitar el empadronamiento municipal o que los servicios sociales garanticen la atención de las personas migradas, especialmente la de aquellas que tienen una situación administrativa irregular, definiendo cuáles son las prestaciones sociales básicas.

La Iglesia para romper las fronteras

Joan Cabot ha hecho un llamamiento a actuar según el mensaje tanto recalcado por el papa Francisco basado en: acoger proteger, promover e integrar. «Actitudes que la sociedad occidental deberíamos hacer nuestros de cara a una sociedad solidaria, superando las situaciones que bloquean el acceso de las personas a la acogida». Joan Cabot ha destacado como la acción de promover implica tanto los gobiernos, como las personas. Integrar, y el hecho de integrar debe ser desde dos direcciones. «Iglesia y comunidad debe enderezarse para hacer lugar al recién llegado. Todos debemos implicarnos en esta integración. Las fronteras no sólo pisan la dignidad sino también muchos sueños que queremos que sean posibles », ha dicho.

Cabot ha animado a las comunidades cristianas a sumarse en esta llamada y a verlo como un reto. Por ello, desde la Pastoral Social y desde el movimiento Caminamos Juntos en la Diversidad “se quiere ofrecer un marco donde nadie se sienta extranjero», dijo. «Un espacio donde todo el mundo sienta el calor comunitario, por ser reconocidos en esta iglesia intercultural».