El nuevo ciclo de conferencias trata sobre las diversas propuestas concretas para construir una economía que ponga a las personas en el centro
La crisis que ha llevado la Covid-19 ha hecho reflexionar y replantear el mundo donde vivimos. Propuestas que anteriormente parecían utópicas ahora tienen una cabida más realista. Por eso, Los Lunes de los Derechos Humanos han puesto sobre la mesa temas como la renta básica universal, la reducción de la jornada laboral, la democracia en los espacios de trabajo y una nueva fiscalidad para construir una economía que ponga a las personas en el centro.
La periodista Sandra Vicente ha moderado el ciclo de conferencias. «Tenemos que sentar las bases de una nueva justicia social que sea capaz de garantizar una vida digna» ha asegurado. También, ha tenido unas palabras en recuerdo de Arcadi Oliveres, presidente de Justicia y Paz de 2001 a 2014 que murió el pasado martes 6 de abril. «Arcadi plantó las semillas del cambio de una nueva justicia social» ha dicho Vicente.
El politólogo y miembro de la Red Renta Básica, Alberto Tena, ha puesto sobre la mesa las premisas necesarias para conseguir hacer viable una renta para todo el mundo. «La idea de la renta básica quiere instalar la posibilidad de que el ingreso sea un derecho de la ciudadanía del mismo modo que tenemos derechos en salud y educación.» Tena, ha explicado las tres características principales de esta renta: «la primera es que es incondicional, no se exige nada a cambio de recibirla; en segundo lugar, es individual, y la tercera es que es universal».
Para hacerla viable y que no suponga una propuesta que costaría al Estado una cifra de 290.000 millones de euros, por lo tanto, un 25% del PIB, Tena trabaja con un planteamiento que supone la redistribución de los ingresos, es decir, que la renta básica viene acompañada de impuestos. «Con esta nueva propuesta hemos calculado que entre lo que te ingresan y lo que te quitan por impuestos hay un 60% de población que sale ganando, un 20% de población que se queda más o menos igual y es a partir del 20% más alto que poco a poco se empieza a perder más». Por lo tanto, con estos cálculos casi un 90% de la población queda retribuida y con el 10% de la población restante, la más adinerada, se redistribuye el conjunto de riqueza del país. «Esto supone un coste final de 35.000 millones de euros, y por tanto, un 3,5% PIB» ha asegurado Tena. Este hecho no solo supone una mejora económica sino que «tendríamos mejoras en salud física y mental».
El profesor de filosofía del derecho en la UB, Pablo Scotto, ha hablado de una utopía arriesgada, la democracia en los espacios de trabajo. «El trabajo asalariado no es solo percibir un salario por un trabajo, sino que significa que el trabajo mismo se convierte en una mercancía» explica Scotto. Por eso, propone romper con la institución del trabajo asalariado. Esta relación entre persona asalariada y empresario es totalmente asimétrica porque «el trabajador está sometido a una actividad de la que depende su subsistencia a la voluntad del empresario porque es el empresario el que tiene la capacidad de decidir sobre situaciones que afectan la vida del trabajador, mientras que el trabajador carece de la posibilidad de decidir sobre estas situaciones» asegura Scotto.
La propuesta de Scotto supone superar esta diferencia jerárquica y asimétrica del jefe que paga el salario y el trabajador que lo recibe, por relaciones igualitarias instaurando la democracia dentro de las empresas. Es decir, la igualdad al decidir. Para llevarlo a cabo «es importante que los trabajadores posean una parte del capital de la empresa, algo que sale en la misma Constitución Española» afirma el profesor.
El precursor de la iniciativa para la Reforma Horaria, Fabian Mohedano, ha hablado de los posibles cambios en las jornadas laborales. «Vivimos con unas jornadas muy diversas y complejas y aquella idea del horario de 9 a 5 se ha ido desguazando». La nueva era digital que ha remarcado la Covid-19 ha supuesto un impacto enorme sobre la jornada horaria y la manera de concebir el trabajo. Mohedano pone sobre la mesa la diversidad laboral que se tiene que tener en cuenta para ajustar los horarios, pero también ha dejado claro que «la reducción de jornada tiene unos grandes beneficios desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista de la cohesión social».
«Cuando en 2014 nació la plataforma por la reforma horaria quisimos poner el tiempo en el foco de la vida pública como un factor de bienestar» asegura Mohedano. «Hemos trabajado el tiempo desde una perspectiva integral. La reducción de jornada permitiría un tiempo para la formación, pero también toda la parte de compaginación de la vida personal, laboral, cívica y comunitaria» ha finalizado.
Ricard Bellera, miembro Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria, ha hablado de una nueva fiscalidad en una época de pandemia donde el gasto incrementa, pero, por el contrario, bajan los impuestos. «Las 20 entidades de la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria hemos planteado propuestas fiscales por un cambio de más equidad y más justicia social para garantizar una economía más justa y una sociedad más cohesionada de acuerdo con una fiscalidad que sea más eficiente y más progresiva».
«Planteamos que haya un límite en las bonificaciones y que se deje avanzar por la senda de la competencia a la baja que significa que para atraer capital se bajan los impuestos es decir que se necesita menos interés para obtener el mismo ingreso» ha finalizado Bellera.
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