El nuevo empleo no garantiza una vida digna

(Cáritas Diocesana Barcelona) «Estamos saliendo de la crisis por la puerta trasera», así se expresó el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, con motivo de la presentación del informe «Vidas precarias» que Cáritas ha dado a conocer este miércoles.

Busquets ha advertido que si bien el empleo ha aumentado un 3% en Cataluña durante el tercer trimestre de 2017, continuamos con una tasa de desempleo elevada del 12,5% en Cataluña. El director de Cáritas ha querido incidir en que la precariedad laboral es la otra cara de la moneda de la creación de empleo, haciendo hincapié en el número elevado de contratos temporales (el 91% de loscontratos firmados en España en noviembre de 2017 eran temporales) y en la poca duración de estos (un 26% de los contratos era de siete o menos días).

«La precariedad laboral afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas«, indicó Busquets, y afirmó que los efectos de la precariedad son invisibles para la mayoría de la sociedad.

Seguidamente, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, Miriam Feu, destacó que el objetivo del informe es ponerle cara a la cruz de la precariedad laboral. Por ello se destacan relatos de los 35 participantes en los grupos de discusión, que constituyen la fuente del análisis. Feu destacó que las personas en situación de precariedad laboral se sienten invisibles, desprotegidas, explotadas y atrapadas. Las personas en situación de precariedad laboral deben concentrar todos los esfuerzos en sobrevivir en el presente, y no pueden planificar su vida a largo plazo.

“El 100% de las personas que atendemos en Cáritas viven en la precariedad. 8 de cada 10 persona atendidas están desocupadas y casi 2 de cada 10 tienen un trabajo que no les permite salir de la pobreza.Son trabajadores pobres”, ha advertido Feu.

Una de las formas de precariedad laboral consiste en el trabajo en la economía informal, que puede ser la única puerta de entrada al mercado laboral para muchas personas, las cuales se sienten invisibles porque no tienen los mismos derechos que las personas que trabajan con contrato (no tienen derecho a prestación de desempleo, ni por enfermedad, jubilación precaria, etc). En el caso de las personas migrantes en situación administrativa irregular (sin autorización de residencia, y por tanto, de trabajo) el proceso de regularización les exige tres años de residencia continuada y un contrato de trabajo de un año de duración y de jornada completa, que para muchos, muy difícil de conseguir. La crisis económica y la reforma laboral de 2012 ha empeorado las condiciones laborales, favoreciendo la intermitencia de los trabajos y el abaratamiento del despido.

Las consecuencias principales de la precariedad laboral son la gran preocupación por mantener el hogar y el grave impacto en la salud de las personas. El trabajo precario tiene un impacto directo en la vivienda, provocando que las personas no puedan pagar un alquiler a precio de mercado. Disponer de una vivienda es una necesidad básica de la persona, y el riesgo de perder el hogar por no poder hacer frente a los gastos conlleva la inseguridad mayor que puede sufrir una persona.

El impacto en la salud es muy grave. Situaciones de estrés continuado derivan en ansiedad, y la ansiedad sostenida en el tiempo se transforma en depresión.

En muchas ocasiones la persona acaba hundiéndose por completo, porque se siente culpable de su situación y, además, aún cuando esto afecta a sus hijos.

El director de Cáritas Diocesana de Barcelona ha destacado la apuesta de Cáritas para garantizar un trabajo decente. «Contar con un trabajo decente supone tener un contrato estable y un sueldo digno», ha detallado Busquets, y esto hace que las personas se sientan útiles, realizadas, y puedan contribuir a la construcción de una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea una realidad.

Para hacerlo posible, Cáritas Diocesana de Barcelona pide que los municipios garanticen el empadronamiento de las personas recién llegadas, que se reforme el salario mínimo interprofesional (SMI) situándolo en 1.000 € mensuales, garantizar unos ingresos mínimos con la aplicación de la RGC que vaya acompañada de una política de vivienda digna y realizar una reforma laboral que combine necesidades de las empresas con derechos de las personas trabajadoras.

El obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo, ha afirmado que el acceso al trabajo por parte de todos debe ser un objetivo prioritario. «Las empresas deben ser verdaderas comunidades humanas», ha destacado, y ha concluido que «sólo conociendo de cerca las consecuencias de la precariedad que están sufriendo las personas querremos buscar su soluciones para construir una sociedad más inclusiva y más fraterna».