«Vivir en habitaciones ha pasado de ser una alternativa transitoria a una solución permanente»

Esta mañana, Cáritas Diocesana de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade han presentado el informe que lleva por título “Exclusión compartida, vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social”. El informe se ha elaborado a partir de 62 entrevistas en profundidad a 50 personas y 4 grupos de discusión con un total de 36 integrantes. La mayoría de las entrevistas se han realizado a personas de Barcelona y su área metropolitana, aunque también se han recogido testimonios de ciudades como Girona, Lleida o Tarragona.

«El objetivo principal del estudio es conocer, visibilizar y denunciar la realidad de las personas que viven en habitaciones en un contexto de exclusión residencial y social», ha explicado Guillermo Oteros, técnico del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona. En este sentido, Cáritas ha recordado que, durante 2023, más de 50.000 personas atendidas por las 10 Cáritas con sede en Catalunya vivían en habitaciones.

El estudio de Cáritas y Esade identifica las características de esta tipología de exclusión residencial, así como las implicaciones que comporta en el día a día de las personas. “Las dificultades que provoca la exclusión residencial se acumulan en el resto de las dimensiones que sufren las personas en situaciones de exclusión social. Hay que situar esta realidad en el debate público, con el objetivo de que se implementen medidas que garanticen el derecho humano a la vivienda adecuada”, ha pedido Ignasi Martí, director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade.

Los autores del informe constatan que vivir en una habitación ha pasado de ser una alternativa transitoria a una solución permanente. «Las crecientes dificultades para acceder y mantener una vivienda digna provocan que vivir en una habitación de un piso compartido se convierta en la única alternativa para un número elevado de personas en situación de exclusión social», han indicado. Algunas de las problemáticas que se derivan de esta situación es la inseguridad jurídica, puesto que la mayoría de las personas no disponen de un contrato escrito. “La incertidumbre de poder perder el techo de un día para otro genera un estado de angustia e inestabilidad permanente. Cualquier desacuerdo con quien ostente el título sobre la vivienda puede derivar en la pérdida inmediata del lugar en el que vives”, ha apuntado Oteros. Asimismo, vivir en estas condiciones genera dificultades para empadronarse, puesto que el titular de la vivienda o del contrato de alquiler puede negar o dificultar la opción de hacerlo. Esto comporta, por ejemplo, no poder escolarizar a tu hijo o hija en la escuela del barrio o no tener acceso al CAP, entre otros.

“Compartir vivienda con personas ajenas al núcleo familiar, vivir en una habitación con un espacio muy reducido y tener limitaciones genera un sentimiento de incomodidad que impide a las personas desarrollar sus vidas. La ausencia de espacio personal impacta en la capacidad de realizar actividades cotidianas en un entorno seguro y cómodo”, ha continuado explicando Martí. La imposibilidad de disponer de un espacio propio para relajarse, reponer o reflexionar, combinado con las restricciones en el uso de espacios compartidos, puede generar un estado constante de tensión y estrés, que acaba afectando negativamente en la intimidad, calidad de vida e incluso en la salud mental y emocional. “La incertidumbre de sí se podrá seguir viviendo en la vivienda, los problemas derivados de la convivencia y de las restricciones en el uso de espacios compartidos provocan un constante estado de preocupación y angustia que, si se prolonga en el tiempo, pueden llegar a convertirse en insostenibles y condicionar la salud mental y emocional de las personas adultas y de los niños que viven en ella”.

Asimismo, las limitaciones y restricciones establecidas en el uso de la cocina, sala de estar, aseo y otros equipamientos de la casa como la lavadora o conexión a internet condicionan negativamente el día a día de las personas, especialmente en los casos familias con hijos. En este sentido, los autores del informe han querido alertar de los efectos que genera la exclusión residencial en los niños. “El esfuerzo que las familias con hijos deben hacer por conseguir adaptarse y vivir en una habitación es aún más duro. Viven en un entorno reducido sin estímulos, sin un espacio donde explorar, aprender, jugar o llevar a cabo las tareas de la escuela. La ausencia de este espacio puede afectar al comportamiento de los hijos e hijas, así como al desarrollo emocional y cognitivo”, han advertido.

Por último, el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para resolver las deficiencias estructurales del mercado de la vivienda. «Necesitamos recuperar la función social de la vivienda, entenderla como un derecho y no como un bien especulativo», ha dicho. Sala ha pedido un aumento del parque de alquiler social, ofrecer incentivos a los propietarios para que alquilen a un precio inferior al establecido en el mercado, fomentándolo a través de garantías de cobro y desgravaciones fiscales. También ha llamado a aumentar el gasto en vivienda sobre el PIB, con el objetivo de llegar a la media europea.

Para cerrar su intervención, Sala ha llamado a ofrecer espacios y proyectos donde las personas se sientan partícipes, donde tejer redes de apoyo comunitario. “Ante el barraquismo vertical que supone vivir en habitaciones, es necesario que administraciones y entidades acompañemos a estas personas a arraigarse en el barrio, a crear vínculos con la comunidad. Los efectos de vivir en condiciones de no lugar, en una habitación, en un sofá, bajo un techo que no es un hogar son muy nocivos, y hemos descubierto la necesidad de disponer de espacios comunes, donde las personas puedan encontrarse, relacionarse y hacer comunidad”, ha concluido.

Fuente: Cáritas Barcelona