Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Manos Unidas denuncia el incremento de la vulneración de los derechos. Lo han sufrido algunos de los colectivos con los que trabaja durante la pandemia. Entre estos los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos.
Ejemplo de ello son los ataques que han sufrido durante los últimos meses los líderes y comunidades indígenas en América Latina. El incumplimiento de derechos y la violencia que sufren las poblaciones están relacionados, según socios locales de la ONG, con la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales en regiones indígenas y campesinas.
Así se desprende también de la reciente Carta de Mocoa. Declaración institucional del IX Foro Social Panamazònic de noviembre, en la que participaron media docena de contrapartes de Manos Unidas. Se denuncia que «el confinamiento ha servido para intensificar los megaproyectos mineros y energéticos, de infraestructura y de expansión de la agroindustria y la ganadería extensiva». Supone un «desnuda extremo» de los recursos «vitales para la sostenibilidad física y cultural de todos los pueblos de la Amazonia».
Más violencia e impunidad; menos capacidad para defenderse
«En estos momentos asegura Raquel Carballo, responsable de proyectos de Manos Unidas en Centroamérica-, en los países en los que trabajamos hay una limitación de libertades y derechos que reduce el margen de acción de organizaciones y defensores de derechos humanos. Además, se ha incrementado la violencia contra líderes y comunidades. Estos han denunciado desalojos y apropiaciones de territorio para la explotación de recursos naturales».
Como informó recientemente Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la pandemia podría provocar la pérdida en sólo unos meses del «terreno ganado por los defensores durante décadas» y señaló la especial riesgo que corren algunos defensores, como los que trabajan en zonas remotas o aisladas, las mujeres y los que trabajan en el ámbito de las empresas, el medio ambiente y los derechos humanos.
Ataques a las familias
Los ataques a los defensores o sus familias adoptan diversas formas. Así, se ve desde amenazas, campañas de difamación, intimidación policial y limitaciones administrativas, pasando por agresiones y detenciones arbitrarias, hasta llegar a torturas, secuestros y asesinatos. Sólo entre 2017 y 2018 hubo cerca de 500 asesinatos de defensores, periodistas y sindicalistas en todo el mundo: ocho asesinados a la semana, según datos de Naciones Unidas.
A esta violencia se añade la criminalización. Según Carballo, «se ha agudizado en los últimos meses con encarcelamientos y judicialitzacions en condiciones injustas y poco seguras en medio de la pandemia. Impidiendo los abogados desplazarse para defender las personas encausadas ». «Además -continúa Carballo-, sigue siendo sistemático el incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la vulneración el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos sobre las tierras que habitan y el derecho a decidir sobre sus prioridades de desarrollo ya ser consultados antes de iniciar cualquier proyecto extractivo en su territorio ».
«Para los defensores es muy duro no saber si la motocicleta que viene detrás suyo es la que dijeron que enviarían para matarlos»
Donald Hernández es defensor de derechos humanos y no deja de sentir miedo por su trabajo en el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), socio local de Manos Unidas en el país.
«Informamos las comunidades -explica Hernández- de las concesiones ilegales que el Estado otorga a proyectos extractivos en territorios indígenas y también les damos formación sobre sus derechos. Cuando las comunidades reaccionan y se movilizan, empiezan las amenazas, los ataques y, posteriormente, la criminalización y persecución de los líderes comunitarios. Actualmente hay más de un centenar de personas represaliadas en el país por cuestiones relacionadas con la defensa del territorio ».
Donald Hernández defensa jurídicamente decenas de líderes y comunidades que ven peligrar ríos, bosques y montañas de los que dependen para vivir. «Se acusa a los pobladores de usurpadores y, a veces, de terrorismo o sedición, con lo que se les envía a prisión durante tres o cuatro años hasta el juicio, tiempo suficiente para que las empresas instalen el proyecto extractivo en el territorio ».
Defensa a las comunidades
Donald Hernández hace años que se siente sometido a fuertes presiones de diferente naturaleza. «Me siento sólo un número; alguien a quien se podría eliminar fácilmente si no contáramos con el acompañamiento de brigadas de paz internacionales. Para los defensores es muy duro no saber si la motocicleta que viene detrás suyo es la que dijeron que enviarían para matarlos. Pero esto no nos detiene.
Si nosotros tenemos ciertas medidas de seguridad, imaginemos la desprotección que siente un líder indígena lenca -como Berta Cáceres, asesinada en 2016-, que vive en zonas rurales remotas y que se opone a un gran proyecto que pretende trasladar el cauce del río que ha sido cuidado por las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales y que es esencial para su supervivencia ».
Acompañamiento en comunidades y defensores de los derechos humanos
Tanto en Honduras como en otros países de América Latina, Manos Unidas pone especial énfasis en el derecho a la alimentación. Principalmente, a través del impulso de fincas agroecológicas y la formación de las comunidades. Sin embargo, cada vez es mayor el número de proyectos destinados a acompañar tanto a defensores de derechos humanos como poblaciones que ven amenazados sus territorios, ya que estas situaciones son «cada vez más frecuentes y violentas», recalca Raquel Carballo.
«Como ejemplo de las iniciativas que apoyamos, formamos jurídicamente a líderes indígenas lencas que reclamen sus derechos ante las autoridades hondureñas; fortalecemos redes a Guatemala que denuncian el acaparamiento de tierras con fines extractivos; fomentamos una agenda nacional en Perú orientada a la protección del territorio, el agua y las formas de vida de comunidades amenazadas por grandes proyectos, o ayudamos en la sistematización de la información sobre vulneraciones de derechos en la Amazonia brasileña».
