Las diócesis catalanas colaborarán con la Generalitat de Catalunya para la promoción de vivienda social

El presidente de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, en representación de todos los obispos de todas las diócesis con sede en Cataluña —incluidas las comunidades religiosas pertenecientes a la Unión de Religiosos de Cataluña (URC)—, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, han firmado un convenio mediante el cual las diócesis catalanas colaborarán con la Generalitat y con otras instituciones públicas y privadas del país con el fin de incrementar el parque de vivienda social en Cataluña. Para hacerlo posible, el acuerdo firmado este mediodía en el Palau de la Generalitat establece un marco general de colaboración para promover e impulsar la promoción de vivienda social.

Para alcanzar el objetivo se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferència Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat de Catalunya, entre los cuales cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito del urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática (ámbito de asuntos religiosos) de la Generalitat de Catalunya.

Esta mesa de trabajo se reunirá inicialmente una vez por semestre y tendrá las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica, proponiendo los cambios normativos que la hagan viable y sin alterar el título de propiedad. También promoverá e impulsará la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis y archidiócesis titulares de los bienes eclesiásticos para la creación de nueva vivienda social; y, finalmente, velará para que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, con criterios de transparencia y equidad.

Paralelamente, se creará una Comisión de Seguimiento de este Protocolo integrada por tres miembros designados por la Conferència Episcopal Tarraconense y por tres representantes de la Generalitat de Catalunya. Esta Comisión se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de la colaboración realizada. La duración inicial del Protocolo es de 4 años, susceptible de prórroga por acuerdo mutuo de las partes.

El presidente de la Conferència Episcopal Tarraconense ha valorado «positivamente» el acuerdo, «porque la falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de nuestra sociedad catalana, donde casi el 25% de la población tiene algún problema de exclusión social en el ámbito de la vivienda». «Ante determinados bienes que tiene la Iglesia, que a veces quedan bloqueados por falta de financiación o por el tipo de suelo o sus usos, que dificultan poder construir cualquier tipo de vivienda, se cede este uso a la Generalitat para que, a través de sus diversos departamentos, pueda establecer las condiciones idóneas para la construcción de viviendas sociales», añade el Dr. Planellas. «Con todo este asunto —continúa—, se entiende que deberá haber posteriormente todo un trabajo de campo particularizado en cada uno de los bienes para determinar sus posibilidades concretas. Entonces, se establecerán, en relación con cada bien, los años de cesión de uso y las viviendas concretas que se pueden construir».

«La Iglesia, desde hace muchísimos años, ha procurado paliar las indigencias sociales de la población. Recordemos, en este sentido, el ingente trabajo de instituciones como Càritas, el Centre Català de Solidaritat, Justícia i Pau, Mans Unides y otros organismos de pastoral social vinculados a la Iglesia, que han trabajado en los diversos ámbitos de la exclusión social», concluye el Dr. Joan Planellas.

Fuente: CET