La escuela de iniciativa social reclama «nuevos pactos» ante una realidad social que ha superado el marco del Pacto contra la segregación

Los representantes de la escuela de iniciativa social consideran que el Pacto contra la segregación escolar ha tenido efectos positivos desde su puesta en marcha en 2019, pero advierten que la realidad social actual exige dar un paso más allá. Así lo han puesto de relieve esta tarde durante su intervención en la Comisión del Pacto contra la segregación escolar en el Parlament, que ha llevado a cabo la secretaria general de la Fundación Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz.

Ruiz ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa con acuerdos adaptados a la realidad actual, muy diferente de la de 2019: «Desde la escuela de iniciativa social entendemos que se han alcanzado buena parte de los objetivos del Pacto, pero hoy los retos son otros. Hacen falta nuevos pactos, más amplios y transversales, porque no podemos continuar cargando sobre la escuela la respuesta a todos los problemas sociales».

En este sentido, ha insistido en que «pedir a la escuela que dé respuesta a todos los retos, como se ha hecho hasta ahora, está provocando la saturación del sistema». Ha puesto como ejemplo la necesidad de implicar a otros ámbitos, como los servicios sociales, la salud o las políticas de vivienda, para abordar cuestiones como la pobreza infantil o el bienestar emocional del alumnado.

Incremento de la infrafinanciación en los centros concertados

Ruiz también ha hecho referencia al informe sobre la Estimación del coste de la plaza en Cataluña que concluye que, a pesar del incremento de la financiación pública, la infrafinanciación de la concertada no disminuye, sino que aumenta un 1,5% en Infantil y Primaria y un 3,8% en la ESO. Ha destacado que el sector dispone de menos recursos para la educación inclusiva, hecho que «es especialmente grave en las dotaciones para atender la diversidad. Los centros concertados no disponen de técnicos especialistas de educación infantil (TEI), técnicos de integración social (TIS) ni de educadores sociales». Ha añadido que solo el 18% de los centros concertados disponen de aula de acogida.

Tabla sobre el Personal de atención educativa, pág. 69 del informe sobre el coste de la plaza.

En paralelo, Meritxell Ruiz ha constatado que el incremento del presupuesto educativo de los últimos años —cerca de un 90% en una década según datos del Departamento— «no se ha traducido en mejoras equivalentes en los resultados del sistema».

Balance del Pacto

En estos siete años, el sector considera que el Pacto ha contribuido a «ordenar el debate y a generar avances», como la mejora de algunos indicadores —especialmente el índice de segregación— y la superación de determinados tabúes sobre la distribución del alumnado. También ha situado en el centro cuestiones clave del sistema, como la gestión de la plaza escolar o la planificación de la oferta, y ha hecho más visible la realidad de la escuela concertada ante la Administración.

A pesar de estos avances, Ruiz advierte que la evolución del contexto social ha puesto de manifiesto limitaciones importantes: «A pesar de las medidas adoptadas, la vulnerabilidad ha aumentado en muchos centros y hay realidades donde la segregación se mantiene». Además, han emergido nuevos factores de complejidad —como el racismo, las dificultades de acceso a la vivienda o los problemas de salud mental— que van más allá del ámbito educativo.

En este escenario, la escuela de iniciativa social señala la «necesidad de reorientar el foco: se ha priorizado la distribución equilibrada del alumnado sin profundizar suficientemente en las necesidades educativas concretas del alumno ni en los resultados de los estudiantes». A esto se añaden algunos efectos no deseados, como la limitación de la capacidad de las familias —especialmente las más vulnerables— para elegir proyectos educativos, el riesgo de dualización del sistema y la falta de evaluación sobre el impacto real de las reasignaciones de alumnado.

Fuente: FECC