El 11,7% de los hogares catalanes viven con inestabilidad laboral grave

Con motivo del siete de octubre, día mundial por el Trabajo  Decente, una treintena de personas se han concentrado esta tarde bajo el lema Trabajo  y COVID, escojamos otro camino. Por cuarto año consecutivo, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha convocado este acto público, con la voluntad de denunciar que no todas las personas  tienen las mismas oportunidades laborales, y que la COVID-19 ha agravado aún más la  precaria situación de muchos colectivos. 

Por medio de un camino trazado en el suelo, cinco personas han ido encontrando obstáculos  para llegar hasta la posición deseada. Estos obstáculos han sido desde la conciliación  laboral, la falta de experiencia, el desconocimiento de la lengua o la brecha digital, entre  otros. La acción ha querido demostrar que la COVID-19 ha empeorado las expectativas laborales  de los colectivos más desfavorecidos, poniendo especial énfasis en las familias  monoparentales, las personas jóvenes, las migrantes o las mayores de cincuenta años. 

«Llueve sobre mojado» 

La Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha destacado que la COVID-19 es un factor que ha  empeorado las perspectivas laborales de muchas familias, pero que la precariedad laboral ya estaba  presente antes de la pandemia. “Llueve sobre mojado. El último informe FOESSA ya nos  advertía que en Catalunya había 1,5 millones de personas en situación de exclusión  social. Se salió de la última crisis económica por la puerta trasera, y la COVID-19 solo  ha agravado un mercado laboral que ya era precario”, ha indicado Dessirée Garcia,  responsable de formación e inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2020, el número de parados  en Catalunya se situó en 472.900, 41.600 más que el mismo trimestre del año anterior (9,6%). “El  impacto de esta crisis es y será más intensa en los trabajadores precarios. La destrucción de  empleo se ha concentrado en los asalariados con contrato temporal, que han caído un  19% interanual, y actualmente hay 112.700 hogares en Catalunya sin ingresos, un 3,7%  más que el mismo trimestre del año anterior”, han indicado desde la Plataforma. 

Cuando el trabajo no garantiza una vida digna 

Durante el acto de esta tarde, se han recordado los datos que ha presentado FOESSA, con el informe Vulneración de derechos: trabajo decente (2020).

El informe indica que 906.500 personas viven en hogares donde el sustentador principal se  encuentra en Inestabilidad Laboral Grave (haber estado parado durante 3 meses o más, haber  tenido 6 o más contratos, haber sido contratado por 3 o más empresas, o trabajar sin contrato ni  prestaciones a la Seguridad Social). Son el 11,7% de los hogares catalanes, y hay graves dificultades  económicas en todos los ámbitos. La mitad de las familias en esta situación afirma que  no disponen de dinero para afrontar gastos imprevistos, y casi un 24% afirman haber  sufrido amenazas de cortes de suministros en la vivienda. 

Una solución consensuada 

Ayer mismo, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente organizó una mesa redonda con la  participación de patronal, sindicatos y administración pública. El acto celebrado en la sede de  Cristianisme i Justícia contó con la participación del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani, Toni Mora, en representación de CCOO, UGT y USOC y Ángeles Tejada, de  Fomento del Trabajo. El acto tuvo como introducción el diagnóstico de la situación actual para las  personas en situación de vulnerabilidad, presentado por Miriam Feu, responsable de análisis social e  incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. «La tasa de desempleo subiría del 12,8% hasta  el 22% si tuviéramos en cuenta también las personas que ya no buscan trabajo porque  piensan que no la encontrarán, las personas afectadas por un ERE y las personas con  parcialidad involuntaria», indicó Feu. El catedrático Antón Costas, que moderó el acto, confirmó  que la tasa de paro sistemáticamente elevada y la precariedad implican una infrautilización del trabajo  que no nos podemos permitir como sociedad, porque es un gran desperdicio. El acto sirvió para  que todos los actores implicados en la gestión del mercado laboral hicieran un  diagnóstico compartido de la situación. Toni Mora pidió que el Gobierno del Estado  derogue cuanto antes la reforma laboral, y que es necesario un modelo fiscal progresista que ponga a las personas en el centro. «La RGC y el IMV deben confluir, las personas no  pueden esperar meses a saber si su resolución para percibir las ayudas ha sido aprobada  o no», apuntó el representante sindical. Por su parte, Ángeles Tejada presidenta de la comisión de  Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo indicó que el teletrabajo no ha sido idóneo en  las condiciones que se ha tenido que implementar, pero que ha puesto de manifiesto las  carencias de nuestro mercado de trabajo. 

Finalmente, el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani agradeció a la  Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente la organización del acto, y advirtió que un mercado de  trabajo que expulsa a los jóvenes, a los mayores de cincuenta años, los migrantes ya las  mujeres no cumple con el contrato social. «El trabajo es sinónimo de vida digna, y la  situación actual no nos sitúa en este supuesto», dijo. El consejero puso de relieve que el  impacto de la COVID-19 no es neutro, ya que ninguna crisis anterior había afectado con  tanta dureza a la economía sumergida, que es el cojín de las personas más vulnerables.  El Conseller hizo una defensa explícita de las personas migrantes, indicando que habría  que flexibilizar el reglamento de extranjería para facilitar los permisos de trabajo. «Tres  meses de contrato y un año de residencia deberían ser suficientes para conseguir los papeles y vivir  y trabajar en nuestro país. Sería la mejor manera de eliminar la invisibilización de las personas  migrantes», indicó.