Cáritas ha acompañado a 819 personas para regularizar su situación administrativa durante el 2022

Esta mañana, más de 150 personas han asistido al Palau  Macaya de Barcelona para participar en la jornada “Irregularidad y empleo, un binomio posible”.  Durante la jornada se han organizado 3 mesas redondas con distintos expertos, donde se ha hablado  de las trabas de la ley de extranjería, de las mayores dificultades que tienen las mujeres migrantes a la  hora de encontrar trabajo o de algunos ejemplos de buenas prácticas de empresas a la hora de  contratar a personas en situación administrativa irregular, entre otras. 

Cáritas ha aprovechado el evento para recordar que 1 de cada 2 personas atendidas por  la entidad se encuentra en situación administrativa irregular, y que la cifra, lejos de  disminuir, ha aumentado en los últimos años. «Más de 12.000 personas atendidas por Cáritas  se encuentran en esta situación, y han aumentado un 45% respecto al año 2021», ha alertado Elisabeth  Ureña, responsable del programa de migración de Cáritas. Ureña ha recordado que la actual ley de  extranjería, enmarcada en los tratados internacionales y la normativa europea,  condiciona el control de los flujos migratorios a la obtención de un contrato de trabajo. 

En este sentido, la nacionalidad tiene un papel clave a la hora de agravar las situaciones de pobreza,  por lo que la prevalencia de la exclusión entre las personas de nacionalidad extranjera,  aunque no se encuentren en situación administrativa irregular, multiplica por 3,2 la de  las personas de nacionalidad española, según el último informe FOESSA de la diócesis  de Barcelona. Así, el 72% de las personas de nacionalidad extranjera se encuentran en exclusión  social. 

“Las personas en situación administrativa irregular ven sus derechos especialmente vulnerados y sin  posibilidad de reclamar su garantía, lo que genera que tengan unas peores condiciones vitales”, ha  dicho Ureña. Son precisamente las entidades del tercer sector, y, entre ellas Cáritas, las  que responden con mayor frecuencia a las demandas sociales de estas personas,  acompañándolas en el tortuoso camino que supone la regularización. Este contexto obliga  a las personas en situación administrativa irregular a buscar opciones de supervivencia, a través de  trabajos precarios en la economía informal (porque no pueden acceder al mercado  normalizado) a vivir en viviendas con escasas condiciones de habitabilidad (ya que no  tienen derecho a contar con un contrato de alquiler) o no poder acceder a las ayudas en  materia de vivienda. 

Un pacto a tres bandas

A pesar de este difícil contexto, Dessirée Garcia, responsable del programa de formación e inserción  laboral de Cáritas Barcelona ha afirmado que las personas en situación administrativa irregular pueden  salir adelante, apuntando que, durante 2022, Cáritas Barcelona ha acompañado a 819  personas para regularizar su situación administrativa. «Apelamos a la complicidad de la  administración y de las empresas, pero también del resto de entidades del tercer sector»,  ha dicho. Garcia ha puesto de ejemplo a ACOL, una iniciativa impulsada por la Generalitat de  Catalunya y pionera en toda España. ACOL es una línea de subvenciones, similar a un plan de empleo,  que permite que el tercer sector pueda acompañar a personas en su regularización y mejora de la  empleabilidad. En el caso de Cáritas Diocesana de Barcelona, en solo 3 años se han podido  regularizar a más de 83 personas gracias al proyecto ACOL. «Los datos nos demuestran que  el proyecto está funcionando, y alentamos a las administraciones a ampliar esta línea de subvenciones  para dar más oportunidades a personas que son invisibilizadas por cuestiones de su situación  administrativa». 

Por último, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets se ha preguntado «si  Catalunya se puede permitir tanto talento desperdiciado», y si tantas personas pueden continuar  condenadas a vivir de ayudas y prestaciones. También ha hecho una apelación al mundo empresarial,  afirmando que el tejido económico es una pieza imprescindible de este engranaje, y que tienen la clave  para dar esperanza a las personas que buscan una oportunidad laboral. “Sabemos que la  responsabilidad social corporativa es uno de los motivos para contar con la implicación de las  empresas en esta contratación, pero también es necesario indicar que las personas contratadas,  a pesar de su situación administrativa, son competentes, capaces, profesionales y que  aportan valor añadido a los sus puestos de trabajo”, ha concluido Busquets.

Fuente: Cáritas Barcelona