Entidades vinculadas a la Compañía de Jesús de Cataluña elaboran un documento con motivo de las próximas elecciones municipales, con propuestas sociales para la ciudadanía
Ante las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, las entidades sociales vinculadas a la Compañía de Jesús de Cataluña presentan un conjunto de propuestas urgentes para mejorar la situación de las personas más vulnerables. Reivindican medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el fortalecimiento de los servicios sociales de atención primaria y reforzar el papel de los equipamientos públicos como espacios de promoción de la vida social y comunitaria.
Estas entidades que acompañan, atienden y defienden los derechos de muchas personas de nuestros barrios y ciudades, han recogido en un documento titulado “Lo que vivimos no es normal. Lo que pedimos no es extraordinario”, una serie de propuestas para denunciar hasta qué punto la precariedad y la desprotección de muchas familias y personas está deviniendo un elemento inaceptable de nuestra cotidianidad.
A partir de su experiencia, constatan que la salida de la crisis económica y financiera se ha hecho a un precio muy elevado y que la polarización social cada vez más grande está configurando una sociedad donde la pobreza es cada vez más extensa y más profunda. Preocupa especialmente a estas entidades una dinámica de normalización de esta pobrezaque está malogrando las condiciones materiales de vida y las relaciones personales y vecinales, generando la competencia por unos recursos cada vez más escasos.
Por eso ante la celebración de las elecciones municipales el próximo 26 de mayo, estas entidades quieren alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre esta situación, poniendo sobre la mesa una serie de propuestas que tendrían que centrar la acción del gobierno local los próximos años. No son propuestas extraordinarias ni que supongan gastos inalcanzables, pero que sí que contribuirían a mejorar la vida de las personas, sobre todo de los más vulnerables.
En primer lugar, la vivienda, ya que el tratamiento de la vivienda como un mercado más, sometido a la oferta y la demanda, está provocando la exclusión de una buena parte de la población que no puede acceder. En situación de especial exclusión se encuentran muchos niños y adolescentes. Alquileres abusivos (en ciudades como Badalona el precio de alquiler ha subido la última legislatura un 32,06%), sobrecargas, desahucios invisibles, vivienda insegura e infraviviendas son solo algunas de las problemáticas recogidas en el documento. Ante esta realidad propone entre otras medidas urgentes: el incremento sustancial de un parque público de vivienda en régimen de alquiler de uso social o el establecimiento de un protocolo municipal en situaciones de emergencia que sea de carácter garantista y efectivo, y que evite que ninguna persona menor de edad pueda quedar sin un hogar donde vivir.
En segundo lugar, los servicios sociales. El documento denuncia la actual situación de sobresaturación de los servicios sociales básicos de atención primaria, una situación que se ha traducido en un tiempo de espera de 4 a 8 semanas para una primera cita en algunos barrios del área metropolitana de Barcelona donde tienen implementación. Desde las entidades se proponen medidas nada “extraordinarias” como la sustitución de las bajas de manera inmediata, o el establecimiento de una criba en la primera acogida, para reducir el tiempo de espera de la primera entrevista sobre todo cuando se trata de situaciones de emergencia. En este mismo capítulo se propone también el fortalecimiento de los equipos dotándolos de más recursos y presupuesto.
Y en tercer lugar, medidas relacionadas con el urbanismo y equipamientos públicos, ya que este es uno de los elementos más importantes de las competencias municipales y su cuidado permite garantizar una calidad de vida, especialmente de aquellos colectivos (por ejemplo los jóvenes o las personas mayores) que hacen un mayor uso. Para mejorar estos espacios se proponen varias medidas como sustituir los elementos de la arquitectura urbanística de carácter discriminatorio (bancos públicos individuales, fuentes cerradas o elementos punzantes) por otros inclusivos, y promover la apertura de equipamientos con unos horarios inclusivos para todas las edades.
De estos tres grandes ejes, el documento recoge una serie de propuestas específicas para los barrios y municipios donde trabajan las entidades sociales de la Compañía de Jesús. La idea es presentar estas propuestas durante los próximos días a los candidatos/as a las elecciones municipales y que sean incluidas en sus programas para la próxima legislatura.
Las entidades que forman parte del sector social de la Compañía de Jesús en Cataluña son Arrels Sant Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia (Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) y Fundació La Vinya (L’Hospitalet de Llobregat). Estas entidades acogen, atienden y acompañan a 13.500 personas, mediante 45 proyectos ubicados en 4 ciudades: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Lleida. El grupo humano que sostiene toda esta acción social y educativa consta de 850 personas voluntarias y más de 100 profesionales.
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