Hasta el 7 de julio, los procesos acompañados por Cáritas han obtenido 122 resoluciones aprobadas provisionalmente y 20 aprobaciones definitivas
Cáritas Diocesana de Barcelona ha acompañado a 4.157 personas en situación administrativa irregular a través del dispositivo extraordinario de regularización impulsado entre el 16 de abril y el 7 de julio. Durante este periodo, la entidad ha dispuesto de nueve puntos de asesoramiento jurídico distribuidos en seis ciudades de la diócesis. Para hacer posible este despliegue, Cáritas ha movilizado un equipo de 105 personas, entre personal contratado y voluntariado especializado.
Del total de personas acompañadas, el 57% han sido personas adultas, el 22% menores de edad, el 19% jóvenes y el 2% personas mayores. Estos datos evidencian que los procesos de regularización también afectan a unidades familiares enteras, y no solo a personas individuales.
Además, Cáritas señala que un 40% de los casos atendidos presentan una especial complejidad jurídica o situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre estos casos hay familias con menores de edad que, a pesar de que sus progenitores disponen de permiso de residencia, continúan encontrando obstáculos para regularizar la situación administrativa de sus hijos. “Desde Cáritas nos preocupa especialmente la invisibilidad de los niños y niñas en estos procesos. Hablamos de menores que viven, estudian y crecen entre nosotros, pero que a menudo quedan atrapados en procedimientos administrativos que condicionan su presente y su futuro”, destaca Elisabet Ureña, responsable del programa de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Hasta el 7 de julio, los procesos acompañados por Cáritas han obtenido 122 resoluciones aprobadas provisionalmente y 20 aprobaciones definitivas. La entidad valora positivamente estos primeros resultados, aunque recuerda que muchos expedientes continúan en trámite y que los procedimientos administrativos pueden prolongarse durante meses.
La experiencia acumulada durante estos meses ha permitido identificar diversas dificultades que complican el acceso a la regularización. Entre las principales barreras detectadas se encuentran las dificultades para obtener documentación de los países de origen, las complicaciones en la relación con las administraciones públicas y las limitaciones de acceso a citas y trámites administrativos. A estas trabas se suma el riesgo de endeudamiento que afrontan muchas familias para asumir los gastos derivados de los procedimientos de regularización.
“Muchas personas se encuentran con un recorrido administrativo largo y complejo que requiere documentación difícil de obtener y gastos que, en muchos casos, superan sus posibilidades económicas. El riesgo es que la regularización, que debería ser una oportunidad de inclusión, se convierta en una nueva fuente de desigualdad”, indica la responsable de Movilidad Humana de Cáritas Barcelona.
Ureña también ha alertado que hay personas que pueden quedar excluidas del proceso. “Nos preocupa que todavía haya personas a las que no les ha llegado la documentación de su país de origen, las dificultades para las personas sin hogar o para quienes no disponen de un empadronamiento con domicilio fijo. Corremos el riesgo de dejar atrás precisamente a aquellas personas que más necesitan esta regularización”, advierte.
La entidad recuerda que, una vez finalizada esta primera fase centrada en la regularización administrativa, se abre una segunda etapa igualmente decisiva: la inserción laboral. La consolidación de los procesos de regularización dependerá de las oportunidades laborales que encuentren las personas migradas durante los próximos meses. “Ahora el gran reto es que estas personas puedan acceder a un empleo y mantenerlo. La regularización abre una puerta, pero es necesario garantizar que esta oportunidad pueda consolidarse en el tiempo. Dentro de un año podríamos encontrarnos con que muchas personas vuelvan a caer en la irregularidad administrativa en función de cómo reaccione el mercado laboral y de las oportunidades reales de inserción que tengan”, afirma Ureña.
Por este motivo, Cáritas se compromete a seguir acompañando a estas personas durante todo el proceso, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar que nadie quede excluido por motivos administrativos. También señala que reformulará sus proyectos de inclusión laboral ante esta nueva realidad y pide a las administraciones públicas que hagan lo mismo para que los avances conseguidos durante este proceso no se conviertan en temporales.
Font: Càritas Barcelona
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