Aumentan un 28% las personas atendidas por Cáritas Barcelona que provienen de países en conflicto

Con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, Cáritas Diocesana de Barcelona ha querido poner cifras a la situación de las personas que huyen de sus países de origen. Durante 2020 han aumentado un 28% las personas atendidas por la entidad que provienen de países en conflicto, pasando de 7542 a 9655. De estas, un 95% provienen de América Latina, de países como Colombia, El Salvador, Perú o Venezuela. Las personas que provienen de países en conflicto representan el 27% de personas atendidas por Cáritas Barcelona durante 2020.

Elisabet Ureña, responsable de migración y refugio de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha afirmado que este es un fenómeno creciente, y que a pesar de que la COVID-19 ha frenado muchos procesos migratorios, son muchas las personas que vienen aquí buscando nuevas oportunidades. «La normativa actual no se adecua a los desplazamientos forzosos que hacen muchas de las familias que atendemos por situaciones de violencia, motivos económicos o climáticos. Cuando a una persona no se le reconoce su estatus de refugiado, cae en la irregularidad. Es necesario que la persona esté en España al menos durante tres años y en situación administrativa irregular, antes de poder acceder a una autorización de residencia y trabajo», ha advertido Ureña. La responsable de migración y refugio de Cáritas ha afirmado que solo 64 personas atendidas por la entidad tienen la condición de refugiados o gozan de protección internacional, y que 1192 aún están a la espera de saber si serán reconocidas como refugiadas. «A la mayoría de las personas que acompañamos les deniegan el derecho de asilo», ha recordado Ureña. En este sentido y con datos de CCAR (Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado), Cáritas ha recordado que en Catalunya se presentaron 9614 solicitudes de asilo durante el 2020, y que Barcelona fue la segunda provincia de todo el Estado español con más solicitudes. En el año 2020 solo el 5% de estas se resolvió favorablemente.

Asimismo, la entidad ha recordado que desde 2015 tiene en marcha el Servicio de ayuda a los refugiados, un programa complementario al Plan Estatal de Refugio que durante el 2020 ha atendido a 90 personas procedentes de países que pueden optar a asilo o refugio. Estas personas son acogidas en pisos de Cáritas Diocesana de Barcelona, parroquias, órdenes religiosas o particulares.

Una condición legal que lleva a las personas a la exclusión

Cáritas ha querido recordar los datos de su informe Fronteras in-visibles, donde se apunta que la exclusión social de las personas de nacionalidad extracomunitaria casi triplica la de las personas de origen español. La tasa de paro se duplica, y la tasa de riesgo de pobreza se multiplica por cuatro.

Algunos de los mayores agravios que sufren las personas migradas son la exclusión residencial (70% de personas migradas con nacionalidad extracomunitaria respecto al 29% de personas de nacionalidad española / comunitaria) cuando, por ejemplo, quieren acceder a una vivienda digna o no pueden cubrir todos los gastos de su hogar, o la laboral, (39% de personas migradas con nacionalidad extracomunitaria respecto del 17% de personas de nacionalidad española/comunitaria) cuando se trata de encontrar trabajo o tener unas condiciones laborales dignas. «Si la administración no te reconoce, eres invisible, y no puedes hacer cosas tan básicas como abrir una cuenta corriente, empadronarte, alquilar un piso o trabajar con un contrato. Son factores que te acaban llevando a la exclusión social», ha afirmado Ureña.

En este contexto, Cáritas pide flexibilizar los criterios de acceso a la regularidad de las personas en situación administrativa irregular, y que se eviten situaciones de irregularidad sobrevenida que rompen con todo el proceso de integración realizado por la persona y su familia.

Asimismo, ha pedido vías legales para que las personas que necesiten emigrar puedan hacerlo de una manera segura, sin jugarse la vida durante el viaje ni caer en manos de mafias de contrabando o tráfico de personas.

Finalmente, se ha pedido garantizar la atención a los servicios sociales de las personas migradas, especialmente la de aquellas que tienen una situación administrativa irregular, asegurando su acceso a prestaciones sociales básicas.