Nota sobre la problemática de los asentamientos de inmigrantes en naves industriales y otros espacios
[Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes] En Barcelona cerca de 300 inmigrantes malviven en condiciones infrahumanas en naves industriales o en otros locales ocupados. Ya sea por motivos económicos o porque no tienen permiso de residencia, estas personas no han podido acceder a una vivienda digna y por ello se han visto obligadas a [...]
Desde la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes consideramos que estos asentamientos son una realidad especialmente dolorosa y contraria a los derechos humanos y que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de regulación migratoria, acogida e integración social de estas personas.
Para una mejor comprensión del problema, en los últimos meses hemos escuchado a representantes de entidades vecinales y asociaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, personas que viven en los asentamientos, responsables políticos de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de Barcelona, y vecinos que han visitado estas naves o locales ocupados.
La realidad de los asentamientos
Desde hace algunos años, en la ciudad de Barcelona, especialmente en los barrios del Besòs y del Poble Nou, antiguas naves industriales y otros locales han sido ocupados por varios colectivos de personas inmigradas. Se calcula que en estos espacios viven, de forma permanente, unos trescientos inmigrantes y que otros seiscientos pernoctan en una decena de naves y otras localizaciones. Algunas de estas personas provienen de poblaciones vecinas de donde fueron desalojadas.
Estos espacios carecen de lo más elemental para vivir dignamente: agua corriente, electricidad, sanitarios, calefacción, etc. En términos generales, las condiciones de salubridad son muy deficientes y, en algunos casos, estas circunstancias vitales han tenido consecuencias nefastas para la seguridad de las personas que allí viven. El gran número de personas que se alojan en estos espacios impide que puedan disfrutar de momentos de intimidad, con la conflictividad que esto conlleva. Se han detectado procesos de ansiedad, depresiones y otros trastornos psíquicos. Se han dado casos de suicidio y también de accidentes personales graves, algunos mortales. A la vez, la presencia de estos asentamientos ha provocado actitudes de rechazo por parte de algunos vecinos que pueden hacer crecer sentimientos de xenofobia.
Muchos de los ocupantes de estos asentamientos se ganan la vida recogiendo chatarra por las calles de Barcelona. Este hecho ha propiciado que surjan algunos grupos que controlan la distribución y venta de estos materiales, y que se aprovechan de la situación precaria de quienes ocupan las naves. Otros viven del “top-manta”, actividad perseguida legalmente.
Hace unos meses, el Ayuntamiento de Barcelona, además de hacer algunas intervenciones por razones de seguridad (especialmente por riesgo de ruina), aprobó y puso en marcha un plan de actuación (Plan de Asentamientos Irregulares) para la atención de estas personas. Este plan se ejecuta con la colaboración de diferentes entidades sociales. Se pretende así dar una respuesta individualizada a las diferentes situaciones de estas personas, promoviendo el realojo de las mismas, la atención social y la inserción socio laboral y, cuando la persona no tenga autorización de residencia en España, facilitarle su regularización administrativa, si es legalmente posible (cuestión que depende de la Administración del Estado) o el regreso voluntario a su país. Todo esto, según las intenciones de cada persona y las circunstancias y posibilidades de cada caso. Entre otras medidas de este plan, se ha encargado a la Cruz Roja la actuación en algunos de estos asentamientos mediante educadores y trabajadores sociales.
En las últimas semanas, un Juzgado de Barcelona ha dictado sentencia a instancias del propietario de un inmueble de la calle Puigcerdà, donde hay el asentamiento más grande, y se ha decidido el desalojo de todas las personas que lo ocupan para el próximo día 18 de julio. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha informado que se ha organizado un dispositivo para asegurar el realojo transitorio de las personas afectadas que lo soliciten.
En estas circunstancias, las entidades que formamos la Plataforma queremos expresar que:
1. La existencia de estos asentamientos es una realidad especialmente dolorosa y contraria a los derechos humanos, que pone en evidencia el fracaso de las políticas de regulación migratoria, acogida e integración social de las personas inmigrantes. De aquí que muchos inmigrantes que buscan una vida digna, que les es negada en su país de origen, se vean obligados a malvivir en nuestro país en estas condiciones infrahumanas.
2. Somos conscientes de que las soluciones no son sencillas y conocemos la preocupación de las administraciones por dar respuesta al grave problema humano de los asentamientos. No obstante, pedimos insistentemente a las diferentes instituciones públicas que continúen desarrollando todas las actuaciones necesarias para prevenir estas situaciones y para favorecer una vivienda digna y una integración laboral y social efectiva de estas personas y de todos aquellos colectivos que se encuentran en una situación vulnerable.
3. En cuanto a los actuales asentamientos y el inminente desalojo del local de la calle Puigcerdà, consideramos necesario que se actúe de forma personalizada para cada uno de los afectados, teniendo en cuenta su situación administrativa, de salud, de trabajo, etc. Hace falta también prevenir y hacer frente a las conductas de extorsión y explotación laboral que se detectan. Además, hay que asegurar el realojo de estas personas durante todo el tiempo que sea necesario para favorecer su inserción socio laboral.
4. En esta y otras situaciones similares, creemos que hay que huir de una interpretación rígida de la legislación de extranjería. Por ello, pedimos a la Subdelegación del Gobierno que proceda a regularizar la situación administrativa del máximo número de personas inmigradas afectadas, tanto por razones humanitarias como por su efectivo arraigo social en nuestro país, a pesar de la vulnerabilidad social que sufren.
5. Finalmente, queremos dejar constancia, reconocer y agradecer la solidaridad de muchas personas, entidades y asociaciones de vecinos hacia las personas que viven en los asentamientos, como también el trabajo de sensibilización realizado por estos grupos hacia la sociedad. Esta labor ha permitido visibilizar esta realidad, que denigra nuestra ciudad y atenta los derechos humanos más elementales. Desde la Plataforma de entidades estamos abiertos a la colaboración en la medida de nuestras posibilidades.
